viernes, 17 de septiembre de 2010


NOS SOLIDARISAMOS CON LOS HERMANOS PRESOS MAPUCHES EN HUELGA DE HAMBRE
LIBERTAD!!!!!! LIBERTAD!!!!! AL MAPUCHE POR LUCHAR
COMO INTEGRANTES DE LA BIBLIOTECA ANDINA ÑAWPA YACHAYKUNA PARTE DE ESTE GRAN TERRITORIO QOLLASUYANO. EXIJIMOSMOS A ESTOS ESTADOS COLONIZADORES, SAQUEADORES Y REPRESORES EL CESE DE LA CRIMINALIZACION A NUESTROS PUEBLOS.
POR LA PRONTA RECONSTITUCION DE LA NACION PUEBLO MAPUCHE
POR NUESTRO TAWAINTISUYU, QOLLASUYU. UN FUERTE
MERICIE WEU!!!!!! MERICIE WEU!!!!!
KAWSACHUN!!!! KAWSACHUN!!!!
JALLALLA!!!! JALLALLA!!!!!
La Ley Antiterrorista fue impuesta en 1984 por el dictador militar Augusto Pinochet para perseguir la resistencia a la tiranía. De acuerdo con esa ley, el delito de incendio puede considerarse atentado terrorista si su intención fuera “producir temor en la población o en una parte de ella”, aunque no constituya una amenaza directa contra la vida, la libertad o la integridad física de nadie. En virtud de esta ley, y con autorización del juez, el Ministerio Público puede ocultar a los imputados y a sus abogados defensores la identidad de testigos (para ello se suele usar pantallas, distorsión de la voz o capuchas). Ello viola la letra “e” del artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos -ratificado por Chile- que garantiza a toda persona acusada el derecho “a interrogar o hacer interrogar a los testigos de cargo y a obtener la comparecencia de los testigos de descargo y que éstos sean interrogados en las mismas condiciones que los testigos de cargo”.
La Ley Antiterrorista se aplicó durante los gobiernos de la Concertación -y se sigue aplicando en el gobierno de la derecha- para amparar a las fuerzas del Estado, que con violencia e impunidad han violentado a ancianos, niños y mujeres, y cobrado la vida de jóvenes como Alex Lemún, Johnny Cariqueo, Matías Catrileo y Jaime Mendoza Collío. La mayoría de estos hechos fueron denunciados por el Dr. Rodolfo Stavenhagen, cuando era relator especial sobre Derechos Humanos y Libertades Fundamentales de los Pueblos Indígenas de Naciones Unidas. No sólo la ONU, sino también la Comisión Pastoral Mapuche de la Zona Sur, ante el asesinato de Jaime Mendoza Collío en agosto de 2009, declaró: “ hemos advertido nuestra preocupación por la progresiva criminalización de la demanda mapuche, reduciéndola a un asunto policial…”.
Los presos políticos mapuches actualmente en huelga de hambre exigen también el fin del doble juzgamiento. A varios se los está procesando en relación con un mismo hecho por la justicia militar y, paralelamente, por la justicia penal. El Tribunal Oral en Lo Penal de Temuco, por ejemplo, absolvió a Luis Sergio Tralcal Quidel (33) del cargo de incendio en un fundo de Forestal Mininco Crecex S. A. “No existe prueba alguna que establezca qué actos concretos de naturaleza ilícita habría ejecutado el acusado, con lo que no es posible imputarle participación criminosa alguna”, estableció el tribunal. Sin embargo, Tralcal estuvo once meses en prisión preventiva antes de ser declarado inocente. 

Fuente azkintuwe

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